Colombia propuso la regularización de los migrantes venezolanos, en un contexto de fuerte militarización de las fronteras

Una alternativa de buena voluntad colombiana que ofrece una faz distinta al aumento de la xenofobia en la región.

Colombia está en el centro del tema migratorio regional y promueve un ejemplo histórico y humanitario para América Latina, pero también genera paso político pragmático de modificar la incierta situación de inclusión social para el drama migratorio de los migrantes y refugiados. En la iniciativa Colombia dará estatus de protección a casi un millón de inmigrantes venezolanos sin documentos residentes en el país. La protección durará 10 años y les permitirá “normalizar” la vida en el país.

© ESTEBAN VEGA / REVISTA SEMANA

En el mismo sentido las Naciones Unidas dicen que más de cinco millones de personas han huido de Venezuela desde 2015, y Colombia tiene la mayor parte. Al respecto, en recientes declaraciones el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, elogió la decisión. En una rueda de prensa conjunta el lunes, lo describió como un “gesto histórico” y “emblemático para la región, incluso para el mundo entero”. Se cree que unos 1,7 millones de venezolanos han llegado a Colombia, pero más de la mitad no tienen estatus legal.

Los cambios anunciados significan que ahora los migrantes podrán solicitar el estatus de protección temporal, lo que les facilitará el trabajo, la búsqueda de la residencia permanente y el acceso a los servicios de salud. El anuncio se produjo días después de que Colombia pidiera un mejor apoyo internacional para la situación, luego de revertir una política que decía que los venezolanos indocumentados serían excluidos de la próxima campaña de vacunación del COVID 19 de Colombia. El país de 50 millones de habitantes, ha registrado más de dos millones de casos de virus y casi 56.000 muertes hasta ahora.

La ONU ha advertido que la pandemia de Covid-19 ha agravado la situación de los refugiados y migrantes venezolanos que viven en toda la región, incluidos los cierres de fronteras que los dejan vulnerables a la peligrosa explotación de los traficantes.

En una situación donde millones de personas han huido de Venezuela en los últimos años debido a la creciente inestabilidad económica y política que ha provocado una escasez de productos básicos como alimentos, medicinas y combustible, Colombia ya alberga a 1,7 millones de venezolanos, que representan más del 37 por ciento de los 4,6 millones de refugiados y migrantes venezolanos estimados en América Latina y el Caribe. Más de la mitad de la población venezolana en Colombia carece de un estatus regular, lo que afecta su capacidad para acceder a servicios, protección y asistencia esenciales.

El Estatus de Protección Temporal también brindará acceso a los servicios básicos, incluido el sistema nacional de salud y los planes de vacunación COVID-19. Por eso la regularización también es clave para las soluciones a largo plazo, incluido el acceso al mercado laboral, que a su vez sirve para disminuir la dependencia de las personas de la asistencia humanitaria y al mismo tiempo contribuye a la recuperación socioeconómica del país posterior al COVID-19, en una nueva etapa. El programa de Estatus de Protección Temporal también liberará a casi un millón de venezolanos que tienen una variedad confusa de visas temporales de tener que volver a solicitar permisos con regularidad, un problema de carácter burocrático que no ha detenido el flujo de migrantes al país. Este enfoque podría ser un esquema para otros gobiernos que buscan regularizar a los venezolanos que viven en sus países.

Todos conocemos como la agitación política, humanitaria y socioeconómica ha llevado a más de 4,5 millones de venezolanos a abandonar su país de origen desde 2014, en lo que la ONU describe como una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. Muchos se han asentado en otras partes de América Latina y el Caribe, y una parte significativa, alrededor del 37%, vive ahora en la vecina Colombia. La afluencia de migrantes y refugiados ha continuado en gran medida durante la pandemia de coronavirus, ha tensado aún más los presupuestos municipales y estresado los sistemas de salud.

El plan para ampliar las protecciones para los venezolanos debe sentar un precedente para la región. Los gobiernos vecinos deberían prestar mucha atención , ya que es una medida es audaz y notable, dado que Colombia alberga la mayor cantidad de migrantes venezolanos en el mundo.

Es un precedente para el liderazgo en países de la región donde los esfuerzos por regularizar a los venezolanos han sido desiguales o están amenazados. Esta alternativa de buena voluntad de colombiana ofrece una faz distinta al aumento de la xenofobia, como se ve, por ejemplo, en la reciente legislación propuesta en Perú, la militarización de las fronteras entre Ecuador, Perú y Chile, y el discurso retórico de figuras políticas y candidatos presidenciales en toda la región latinoamericana. Un enfoque pragmático, porque se reconoce la imposibilidad de detener la enorme afluencia de sus desesperados vecinos. Sin duda la regularización de todos los venezolanos sin documentación en el país, ayudará y aumentará su control en aras de la planificación de políticas y la seguridad nacional, permitiendo también mejorar la política fiscal.

El plan es una hoja de ruta para asegurar fondos de socios internacionales que quieran trabajar con gobiernos que se toman en serio la protección de quienes huyen de las crisis humanitarias, económicas y políticas de Venezuela. En 2018 y 2019, Colombia, que alberga al 37% de los migrantes y refugiados venezolanos que viven en América Latina, atrajo aproximadamente el 45% de los fondos que recibió la región para ayudar a cubrir los costos del desplazamiento venezolano.

A pesar de esto, la migración venezolana se ha convertido en un tema de política interna cada vez más politizado en Ecuador, Perú y Chile, lo que ha llevado a un cambio hacia reacciones políticas restrictivas y cierres fronterizos de facto para los venezolanos, incluso antes del COVID-19.

Como antecedente a semanas de las elecciones presidenciales del país el 11 de abril, la inmigración y la xenofobia han jugado un papel en los medios de comunicación y en las campañas, y muchos candidatos han prometido medidas decisivas, autoritarias, contra los inmigrantes, mientras se alimentan los mitos de que los inmigrantes han aumentado la delincuencia y son responsables de la propagación de COVID-19 en sus comunidades de llegada.

Por ejemplo el hombre que encabeza las encuestas y ahora está siendo excluido de la candidatura, George Forsyth , aunque nacido en Venezuela de padres chilenos y peruanos, se pronunció en contra de lo que llamó “mafias venezolanas” cuando era alcalde de un municipio de Lima y ha calificado a los venezolanos como una amenaza durante su campaña.

La masividad no define el fenómeno sino su complejidad migratoria, por eso si realizamos una comparación en términos de envergadura, el flujo de Medio Oriente hacia Europa ha sido más extenso y mayor que el que ha tenido lugar desde Venezuela a Colombia. Así como también, los Rohingyas que escapan de Myanmar a Bangladesh, o el flujo de Centroamérica a Estados Unidos, no obstante son procesos de diferentes naturalezas, siendo que además los recursos que tienen los países de la region no son equiparables a los de Estados Unidos y, de otro lado, los de Bangladesh mucho menos a los de cualquier país latinoamericano.

Creemos que esto marca un importante punto de inflexión para la integración venezolana en Colombia y se extiende a toda la región. Esto debe ser tomado como parte de la iniciativa multilateral del proceso de Quito, que es un esfuerzo regional loable y aunque el hecho de que haya migrantes venezolanos en otros países sudamericanos ha llevado a que esos gobiernos se hayan involucrado en este proceso multilateral, todavía queda un largo camino para abordar el proceso desde una perspectiva global y regional.

Alvaro Fontana, especialista en conflictos étnicos y migraciones. Director Ejecutivo de SOS Discriminación Internacional. Miembro fundador del Instituto Nacional contra la Discriminación.