Afianzar una “Europa fortaleza” o alcanzar una mayor solidaridad en la redistribución de la carga

Los primeros ministros de los cuatro países de la Unión Europea de la primera línea en materia de migración — Grecia, Italia, España y Malta — enviaron recientemente un memorando conjunto en el que describían sus posiciones sobre el nuevo Pacto de migración y asilo de la UE a la presidenta alemana del Consejo de la UE, Ángela Merkel. A juicio de los países del sur, los parámetros que se establecen en el pacto son detallados y estrictos «en cuanto a las responsabilidades de los Estados de primera entrada, mientras que los mecanismos de solidaridad (del resto) son complejas y vagas«. ¿ Pero qué sigue al post Dublín? en el nuevo escenario de los actores que presentan la resistencia, como los llamados estados de Visegrad (Polonia, Eslovaquia, Hungría y Republica Checa) proclives a detener la migración, las cuotas, el sistema de reubicación y consideran que esas reglas no son aceptables, siendo los principales oponentes de los planes de la reforma.

Policías españoles tratan de disuadir a inmigrantes encaramados a la valla de Melilla, fronteriza con Marruecos. / EFE / ARCHIVO

A partir de la crisis migratoria del año 2015,cuando explotó la migración masiva en escala, Bruselas se encontró obligada a tomar y abordar su política migratoria de forma de moldear la nueva estrategia de centralización de la política de asilo y, promoviéndola ante sus pares como el nuevo plan para el Sistema Europeo Común de Asilo, ya en 2016. No obstante la idea de la reformulación de este pacto viene desde hace tiempo y desde el 2015 la UE forzó en forma desesperada los estados del este de Europa, más expuestos a la llegada masiva de inmigrantes, proveniente de países africanos y de medio Oriente, a aceptar las cuotas en relación con la distribución de los migrantes, con resultado incierto.

Hoy ,años después, a pesar de la retórica de la Comisión Europea que enfatiza los elementos novedosos del Pacto sobre Migración y Asilo (2020), como la promoción de una mayor cooperación con los países socios para lograr los objetivos de la UE en materia de fronteras, migración y asilo, la conflictividad y las disidencias internas siguen pie y quedan expuestas. Ya que la responsabilidad de los países de primera entrada respecto a los solicitantes de asilo es obligatoria y prácticamente permanente. Dicha responsabilidad es compensada, sin embargo, con una solidaridad voluntaria, que como la realidad nos indica, genera una situación insostenible y que ha generado el relato trágico de los hechos.

Por eso creemos se debe avanzar en el sentido de una solidaridad obligatoria, y menos procedimental y burocratizada, que pueda ser el marco para dar respuestas a situaciones como las que estamos describiendo. Estos desafíos son estructurales y deben contemplar no solo aquellos estados miembros que están en el área de la primera entrada , sino al resto, de forma de no hacer recaer la carga de la presión migratoria sobre aquellos que son la vía principal de entrada para los migrantes.

Por esta razón, no está muy claro el contenido de la propuesta en el sentido si es una herramienta para regular la migración y las vías legales de entrada o si se trata de una forma de abordar un problema estructural a largo plazo. Aquí subyace parte de la diferencia fundamental con Países como Hungría, Polonia o Austria que rechazan de plano un mecanismo de cuotas obligatorias de acogida que ayudaría morigerar la carga en países de primera entrada. Estas divergencias entre los Estados miembros respecto a cómo gestionar la llegada de refugiados a la Unión Europea sigue enfrentando a las capitales y sumerge la posibilidad generar un nuevo pacto.

La nueva propuesta del bloque, plantea que las autoridades nacionales y las agencias europeas llevarían a cabo controles previos a la entrada en las fronteras exteriores , proporcionando una decisión preliminar rápida si la solicitud de asilo podría ser aceptada o si el solicitante de asilo debe regresar. Además, intenta crear nuevas vías para un sistema `` más inteligente ‘’ de gestión de la inmigración, controlando adicionalmente el acceso al territorio de la Unión Europea para los nacionales de terceros países.

Está muy claro que los países de primera línea no pueden soportar la presión migratoria para el conjunto de la Unión Europea. Porque en particular, el Reglamento de Dublín de la UE obliga a los inmigrantes a solicitar asilo en el primer país europeo de entrada. Justamente son estas obligaciones superpuestas derivadas del derecho marítimo, de refugiados y de la UE imponen una pesada carga a los países de primera entrada desincentivando a los estados costeros de realizar misiones de rescate y esto quedó reflejado en la tragedia mediterránea, especialmente en casos de estados pequeños como Malta.

Los países que se encuentran en esta situación observan falta de claridad acerca de la manera en que se va a trabajar con terceros países para promover acuerdos para hacer frente a la inmigración ilegal y facilitar las repatriaciones de forma ágil y definir claramente los instrumentos financieros para apoyar ese esfuerzo y el refuerzo de las fronteras y la seguridad. Un análisis del nuevo pacto en general, indicaría que podría no considerárselo pragmático y realista porque, elude el principal problema de la reubicación de responsabilidad justa, sostenible y además, genera dudas legítimas sobre el nuevo mecanismo obligatorio de solidaridad.

Además porque los nuevos procedimientos y arreglos tienen el propósito de restringir y limitar el acceso a los derechos y la jurisdicción. Esto sucedería en el territorio de un Estado miembro, pero en un lugar en o cerca de las fronteras exteriores, con el fin de confinar la migración y los nacionales de terceros países a un área donde el territorio de un Estado. Todos conocemos como el Mediterráneo está en el centro de las preocupaciones europeas, desde que Libia se había convertido en un lugar de paso y tráfico después de haber contenido migración subsahariana para los países de Europa hasta 2011. No obstante esto fue cambiando y los puntos de entrada se desplazaron hacia los Estados miembros que se encuentran en el Mediterráneo, tal cual está sucediendo.

Sin embargo, a pesar de las fallas y los errores en la crisis del 2015 en el criterio del estado de la primera entrada, la Comisión ha decidido mantenerlo en su propuesta. La pregunta sigue siendo si ¿ el nuevo sistema busca reducir la carga adicional sobre algunos estados miembros causada por el criterio del estado de primera entrada? una respuesta que probablemente no sea positiva, ya que ninguna medida puede sustituir la reubicación física. La UE debe ser consciente de que la carga para estos países es demasiado alta y que en ese sentido las reducciones la carga, en particular en los países del sur de Europa, es una responsabilidad en la que como unión no podrá eludir.

La nueva propuesta tal cual se plantea pone foco en la atención de los “procedimientos más eficientes” y en dar “claridad a los solicitantes”, generando un énfasis burocrático que pone al margen las razones subyacentes de la migración y, en cambio, le da prioridad a los procesos simplificados o más inmediatos, especialmente los relacionados con los retornos.

El mecanismo llamado de solidaridad sólo se aplicaría en situaciones de “presión” que quedarían a criterio de las recomendaciones de la Comisión y de los dos miembros, lo que demuestra la escasa efectividad de la norma, lo que permite a algunos estados miembros distanciarse del problema central, como los del grupo Visegrad. De esta manera los estados miembros de la UE podrían elegir su forma de solidaridad, que iría entre la adopción de un sistema de reubicación o la misma ayuda financiera con devoluciones. Esto implicaría ayudar con la cooperación de terceros países o proporcionar indefinido “otra asistencia. , externalizando el control se aumentarían los recursos para la agencia de fronteras, Frontex, y para la modernización de los sistemas de gestión incluidas las bases de datos.

La tragedia de esta situación en que la reforma del pacto está orientada hacia adentro, de forma que no reconoce las implicaciones políticas del terrible estado de la migración forzada a escala global. El número de personas desplazadas por la fuerza ha aumentado drásticamente, llegando a casi 80 millones. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ,l número de refugiados por sí solo ha aumentado de aproximadamente 15 millones hace una década a 26 millones en la actualidad. El mismo informe destaca que el 77% de los refugiados se encuentran en una situación prolongada, definida como haber permanecido desplazados sin una solución duradera, como el regreso voluntario a sus países de origen después de la resolución de conflictos, el reasentamiento o la integración local, durante más de cinco años. Debido a los conflictos persistentes, solo 3,9 millones de refugiados pudieron regresar a sus hogares entre 2010 y 2019 , en comparación con aproximadamente 10 millones entre 2000 y 2010 y 15,3 millones en la década de 1990.

El pacto puede llevar la relación con terceros países a un nuevo nivel coercitivo al sugerir la posibilidad de “aplicar medidas restrictivas en materia de visados ”con aquellos que no estén dispuestos a cooperar. No se puede soslayar que la pandemia ha afectado profundamente la capacidad de los países de acogida para gestionar la presencia de refugiados y garantizar su protección y este es un factor imprescindible para tener en cuenta. El pacto debe reconocer el terrible panorama de la migración forzada, el impacto de COVID-19 y el aumento esperado de la pobreza asociado. Todos sabemos que la pandemia corre el riesgo de deshacer los avances logrados contra la pobreza en las últimas dos décadas y que son los más afectados los países en desarrollo, donde se aloja más del 85% de estos refugiados.

La UE intenta también una política de asilo que tiene en cuenta las necesidades socioeconómicas de los Estados miembros en la frontera exterior, ya que representan el escudo de la UE en una situación de afluencia migratoria excepcional. Tal cual se expresa esta propuesta es muy poco probable , genere un impacto significativo en los flujos migratorios existentes, ya que no aborda el tema de la migración regular y el panorama global migratorio, más allá de las propias fronteras.

Mientras continúa el debate ,la propuesta buscara ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Seguramente en un proceso polémico y controvertido. No obstante la migración a Europa no se detendrá y los estados miembros, tarde o temprano, tendrán que ponerse de acuerdo sobre la orientación política migratoria .

Alvaro Fontana Director Ejecutivo SOS Discriminación y especialista en temas migratorios.

Alvaro Fontana Director Ejecutivo SOS Discriminación y especialista en temas migratorios.

Alvaro Fontana Director Ejecutivo SOS Discriminación y especialista en temas migratorios.