La minería maldita que alimenta una guerra sin fin en el Congo

En los últimos años la región de Kivu del Norte de la República Democrática del Congo se hizo conocida por un conflicto en curso, la extracción de minerales, los grupos rebeldes y los desplazados. Pero la pandemia de COVID-19 ha introducido una situación adicional de complejidad y preocupación a los problemas existentes que enfrenta la zona, incluidas serias tensiones dentro de la coalición gobernante, crisis humanitarias y más violencia en el este del país. El territorio continúa desgarrado por la violencia causada por los grupos armados y los conflictos entre comunidades, ya que la agitación política y la pandemia afectan la capacidad del gobierno para responder y encontrar una salida inmediata.

Este conflicto y la violencia siguen obligando a decenas de miles de congoleños a huir de sus hogares en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Sur y Kivu del Norte, donde las operaciones militares, los ataques de grupos armados y los aumentos de las tensiones entre comunidades causan estragos y devastación. Solo en Ituri, el nivel de violencia contra la población civil en los últimos meses desplazó a unas 200.000 personas, en un país tiene la segunda crisis de hambre más grande del mundo después de Yemen. La tragedia se profundiza más cuando se conocen las estadísticas del número de personas que pasan hambre se ha más que duplicado en tres años, situándose en más de 15 millones en la actualidad, agregándole unos 3 millones de niños que sufren desnutrición aguda.

En este contexto la República Democrática del Congo ha anunciado un nuevo gobierno de coalición, 7 meses después de la toma de posesión del presidente Felix Tshisekedi. El acuerdo de poder compartido, incluyó a 23 miembros del ejecutivo extraídos del partido de Tshisekedi y los 42 restantes del Frente Común para el Congo (FCC) de Joseph Kabila.

Pero la estabilidad política y los acuerdos resultan insuficientes, ya que según los últimos informes de la Agencia para los refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), miles de personas están siendo desplazadas por los brutales ataques y combates de grupos armados en las provincias de Kivu del Norte e Ituri. En las últimas semanas más de 50.000 personas han huido a raíz del progresivo aumento de los enfrentamientos en la región del Kivu del Norte. Esta migración forzada de los desplazados incluye una mayoría de niños que están solos, sin acompañamiento de sus padres o familiares.

Estos ataques son atribuidos a un grupo armado, poco conocido denominado, ADF (Allied Democratic Forces), fundado por musulmanes ugandeses que masacraron a grupos de personas en desplazamiento por la fuerza en la aldea de Mbau, en el territorio de Beni, el pasado 21 de septiembre. Cientos de personas han sido asesinadas en esta provincia oriental , por este grupo, lo que pone de relieve la promesa del presidente Tshisekedi de acabar con los grupos armados extremistas.

El mismo grupo armado saqueó pocos días después una clínica en la aldea de Mussuku, en donde desaparecieron los médicos y civiles. La violencia está afectando a la población civil del este del país, y genera miedo, conmoción y pánico en las distintas poblaciones. Otra de las zonas en grave situación es Pinga, territorio de Walikale, también en Kivu del Norte, donde los violentos combates han alcanzado un nivel sin precedentes, como consecuencia de los enfrentamientos que siguieron a la división de diferentes facciones de la milicia Nduma Defensa del Congo (NDC/C) , donde se han desplazado entre 40.000 y 60.000 personas desde el mes de julio.

Desde el mes de agosto, la ONU ha recibido denuncias e informes sobre gravísimas violaciones a los derechos humanos, documentando denuncias de reclutamiento de niños, asesinatos, mutilaciones de niños, y violencia sexual. Recientemente al menos un grupo de 54 niños fueron liberados por una facción armada que había sido obligados a unirse a una facción opuesta en la región.

Como factor común en los distintos grupos, se aplican los mismos métodos de destrucción para incendiar casas, saquear aldeas, lo que hace imposible el regreso de sus habitantes. Desde el mes de julio se reactivaron las consultas de paz dirigidas por las autoridades locales, que concluyeron con un llamamiento unánime de que todos los grupos armados de la región pusieran fin a las hostilidades. En partes de la provincia de Ituri, que limita con Sudán del Sur y Uganda, los ataques de asaltantes asociados con la comunidad de Lendu han llevado a los jóvenes de las etnias de Hema y Alur a formar grupos de autodefensa, lo que ha provocado temores de una mayor etnización de las tensiones y la crisis. Los informes sobre incursiones de elementos de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur también son motivo de preocupación.

Al respecto recientemente la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifró que cerca de 1,2 millones los desplazados desde junio de 2018 en los territorios de Djugu, Mahagi e Irumu, todos ellos en Ituri, entre ellos 200.000 desde principios de año.

La región oriental del Congo es el escenario en el que tiene lugar la minería ilícita de recursos naturales, una zona rica en depósitos de oro, que durante décadas ha desarrollado importantes actividades mineras artesanales, y en gran parte informales. A lo que se agrega la existencia de un importante tráfico ilícito de oro transfronterizo entre la República Democrática del Congo y sus vecinos, incluidos Rwanda, Uganda, Burundi, la República Unida de Tanzanía y Kenya.

Para mitigar tanto desde las Naciones Unidas, como de los distintos países que la integran, se han realizado llamamientos en este sentido. Por esta razón la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos lanzó la Iniciativa Regional de Recursos Naturales para combatir el comercio ilícito de minerales en la región, así como a nivel regional, la República Democrática del Congo inició un proceso de calificación y validación de sitios mineros, centrado en la trazabilidad de minerales, mientras que la Unión Europea elaboró ​​un reglamento sobre minerales de zonas de conflicto o de alto riesgo, que se espera que entre en vigor el año próximo.

Estas medidas no han podido impedir el luctuoso panorama de los desplazamientos en Kivu del Norte e Ituru, que se hace más ininteligible si se tiene en cuenta los 3,4 millones de desplazados internamente en las dos provincias. En la actualidad existen 5,5 millones de personas desplazadas internamente en la República del Congo, lo que representa una de las mayores poblaciones desplazadas del mundo, siendo la mayor de África.

Hoy, la región del este del país se ha transformado en lo más semejante a un infierno, que seguirá siéndolo, mientras perdure la extracción de minerales, principalmente del coltán, que ha perpetuado una guerra civil de facciones existentes, solo gracias a esta explotación; ya que de esta forma pueden proteger un círculo que vincula la violencia, la propiedad de un territorio y sus recursos. Donde la exportación del mineral para obtener dinero, se continúa invirtiendo en armas para que prosiga la violencia sobre las poblaciones.

Por Álvaro Fontana, Director Ejecutivo de SOS Discriminación, y especialista en temas migratorios